¿Sabías que...?
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Un alud de 330.000 ERTE colapsan el sistema y retrasan el pago de prestaciones (Crisis Coronavirus)
La Administración está desbordada, incapaz de digerir la avalancha de regulaciones temporales de empleo. Miles de empresas del país se han visto obligadas a hacer ajustes en sus plantillas para tratar de capear el parón de la actividad económica, un desastre laboral sin precedentes, provocado por el coronavirus, que en estos momentos nadie es capaz de aventurar hasta dónde puede llegar. La deseada recuperación en «V» va a depender del apoyo que reciban pymes y autónomos, el grueso del tejido empresarial en España y pulmón del empleo, hoy escasamente respaldado en un mes en el que, además, tendrán que rendir cuentas con Hacienda y, de nuevo, con la Seguridad Social, que no perdonan.
Las comunidades autónomas han tramitado ya unos 250.000 Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para 620.000 trabajadores, según las cifras oficiales, pero según ha podido saber ABC los expedientes presentados superan ya los 330.000 y los empleados afectados alcanzan los tres millones de personas. Andalucía y Cataluña son las regiones más afectadas con más de un millón de trabajadores.
Esta avalancha ha provocado un auténtico colapso de la Administración y superado a gestorías y asesorías en su tramitación, de forma que buena parte de los empleados a los que se ha aplicado ya un ERTE no podrán cobrar la prestación el próximo 10 de abril, como aseguró el Gobierno, y tendrán que esperar al 10 de mayo. Las entidades financieras lo van a adelantar unos días, pero en cualquier caso ya sería el mes próximo y no abril como prometió la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. La nómina de marzo del SEPE se cerró ya el pasado 31 de marzo, con lo que apenas dio tiempo a que entraran expedientes. Los pocos que hayan entrado deberían cobrar el 10 de abril, pero no hay nada garantizado.
Las empresas que vayan a hacer un ERTE deben comunicarlo a la autoridad laboral autonómica, que según fijó el Gobierno central dispone de 5 días hábiles para autorizarlo o rechazarlo; si en ese tiempo no se pronuncia se da por autorizado, lo que se conoce como silencio administrativo positivo.
Ahora bien, ante la oleada de expedientes presentados y la imposibilidad de cumplir el plazo fijado por el Ejecutivo, varias autonomías, entre ellas Galicia, Cataluña y Castilla y León, han ampliado ya ese periodo a 10 días hábiles, que se pueden ir a 14 días naturales contando los fines de semana. Esto hace que si, por ejemplo, una empresa empezó a tramitar su ERTE el pasado 30 de marzo, la autoridad laboral dispone hasta el 10 de abril para dar su autorización a ese expediente.
A ello hay que sumar la obligatoria comunicación al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el antiguo Inem y organismo encargado de abonar la prestación a cada empleado el día 10 de cada mes, de la lista detallada de trabajadores afectados. Pues bien, no fue hasta el pasado sábado cuando, a través de un decreto, el Gobierno fijó en 5 días el plazo para que las empresas presenten al SEPE esa relación. Por tanto, los ERTE tramitados desde el pasado lunes día 30 todavía tenían de plazo hasta el pasado viernes para cumplir este trámite. Por si fuese poco, y según a ABC los asesores consultados, para dar cumplimiento a la ley de protección de datos, las empresas deben recabar el consentimiento de sus trabajadores para comunicar sus datos al servicio de empleo, algo sencillo en una pequeña empresa, pero que supone un trámite más laborioso en el caso de compañías con cientos o miles de trabajadores.
Y ahora, la Renta
Todos esos trámites, explican las fuentes, hace prácticamente imposible que el SEPE, colapsado por la magnitud de ERTE presentados, pueda abonar las prestaciones el 10 de abril. Además, a las gestorías y asesorías se le suma a este volumen de expedientes sin precedente el arranque de la campaña de la Renta, lo que desborda todavía más sus capacidades.
En el caso de los asesores fiscales y gestores, el caos no lo han provocado las medidas sino la falta de ellas: en su caso la no relajación de los plazos tributarios señalándolos como «servicio esencial» en un momento en el que el propio Defensor del Pueblo ha instado al Ministerio de Hacienda a flexibilizar los plazos del pago de impuestos de abril a mayo -en abril tienen la declaración trimestral de IVA y el pago fraccionado de Sociedades- y ampliar el plazo de la declaración de la Renta al 30 de septiembre.
Desde los despachos están colapsados. «El otro día a un asociado de Sevilla la Policía le impidió ir a su despacho pese a ser servicio esencial. Los despachos están muy enfadados y no entienden por qué hay que poner en riesgo la salud de los clientes que nos entregan la información en papel por cumplir con Hacienda, cuando las declaraciones no van a salir bien porque la información no fluye de la forma en que debería», critica el vicesecretario de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), Eduardo Gracia, que recuerda que la Agencia Tributaria sí se ha dado más plazo para liquidar las actas correspondientes hasta mayo. El Colegio de Gestores Administrativos apunta que el 80% de las declaraciones trimestrales se realiza por profesionales y empresas externas.
Este caos administrativo en la gestión de las ayudas a los afectados por el impacto económico de la pandemia del coronavirus se está produciendo también en el caso de la prestación extraordinaria aprobada por el Gobierno para aquellos autónomos que hayan cesado su actividad o visto caer sus ingresos al menos un 75%.
Las mutuas, según ha podido saber ABC, estaban esta semana todavía esperando a que la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, dependiente del ministerio dirigido por José Luis Escrivá, acabe de redactar y les comunique el listado definitivo de códigos de actividades (CNAE) afectadas por la suspensión de la actividad decretada por el Ejecutivo. Los trabajadores por cuenta propia ya han comenzado a tramitar el acceso a esa prestación a través de las mutualidades, pero estas están avisando de que podría darse el caso de que un autónomo que haya solicitado la prestación por cese de actividad, y al final su negocio no se encuadre en las actividades recogidas en ese listado, tenga que subsanar su solicitud.
Pero hay más. Desde las gestorías y asesorías informan a este diario de que hasta el pasado miércoles 1 de abril no se pudieron presentar peticiones de acceso a esa prestación por parte de los autónomos porque para justificar una caída del 75% de los ingresos han tenido que esperar al día 31 de marzo y cierre del mes para tener constancias de ese desplome de la actividad.
Suspender la cuota de abril
ATA, la organización de autónomos que dirige Lorenzo Amor, volvió ayer a la carga y reclamó al Gobierno que elimine la cuota de autónomos del mes de abril. «Tras el hachazo que se le ha pegado a todo los autónomos en marzo, exigimos de nuevo al Gobierno que la cuota del mes de abril sea eliminada, ya que los autónomos están en estos momentos en su casa, confinados, ahogados, sin liquidez, sin facturar y sin vender», afirmó Amor, también vicepresidente de la CEOE.
Explicó que el Ejecutivo no puede seguir castigando a este colectivo, ya que «necesitan que salgan ya de una vez por todas a su rescate». «No nos valen aplazamientos ni moratorias para la cuota de abril. No podemos pagar una cuota por la que nosotros no estamos ni facturando ni vendiendo. Solo contemplamos la eliminación de la cuota de abril», concluyó Lorenzo Amor. (FTE ABC)
NOTICIAS SOBRE EL SALARIO MÍNIMO actualidad:
¿Qué es el salario mínimo?
El salario mínimo interprofesional (SMI) fija la cuantía retributiva mínima que percibirá el trabajador referida a la jornada legal de trabajo, sin distinción de sexo u edad de los trabajadores, sean fijos, eventuales o temporeros.
El valor que toma el SMI se fija cada año por el Gobierno, mediante la publicación de un Real Decreto. Y para la determinación del mismo se tienen en cuenta factores como el IPC, la productividad media nacional alcanzada o el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional.
Para el año 2018 el Consejo de Ministros de 29 de Diciembre de 2017 fijó el Salario Mínimo Interprofesional en los siguientes valores:
- Salario Mínimo diario: 24,53€
- Salario Mínimo mensual: 735,90€
- Salario Mínimo anual: 10.302,60€ (14 pagas)
Estos valores representan un incremento del 4% respecto al pasado año 2017.
FTE: SMI.ES
SUBIR EL SALARIO MÍNIMO DESTRUYE EMPLEO
El gobierno ha decidido una subida del 8% del salario mínimo interprofesional (SMI). Es la condición que puso el PSOE para alcanzar un acuerdo respecto del límite de déficit fiscal autonómico para 2017(0,6% del PIB). Con esta subida, el SMI pasará de los actuales 655,2 euros a 707,6 euros. Los argumentos del PSOE, según expresó su portavoz en el Congreso, Antonio Hernando, son dos: acercar el SMI español a la media europea y "reactivar el consumo" a través del aumento del poder adquisitivo.
Es bueno que los dos grandes partidos sean capaces de llegar a acuerdos. Lo malo es que variables económicas claves sean parte de un "toma y daca" que nada tiene que ver con la buena marcha de la economía. Los españoles ya deberíamos tener claro que cuando las decisiones económicas se basan en prejuicios los costes son muy altos para toda la sociedad. Más aún para aquellos que supuestamente se beneficiarían de un SMI mayor.
En primer lugar, España ya supera el salario mínimo promedio de la UE.Dinamarca, Italia, Chipre, Austria, Finlandia y Suecia no tienen salario mínimo.Por lo tanto, computando como un cero el SMI de esos países, la media europea es de 643 euros.
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Entre los países de la UE que sí tienen un SMI, el mismo va desde los 215 euros de Bulgaria hasta los 1.923 euros de Luxemburgo. ¿Por qué hay una diferencia tan grande? ¿Son los gobernantes búlgaros unos sádicos que no quieren el bienestar de su pueblo? ¿Hay alguna razón para pensar que los dirigentes luxemburgueses son más "sensibles" que los españoles? ¿Acaso es que los sindicatos de Bélgica, Holanda e Irlanda, países con un SMI de más de 1.500 euros, son más "combativos" que los de Polonia, Eslovaquia o Croacia, donde ronda los 400 euros?
Aunque haya dirigentes políticos relevantes que no lo sepan, la verdad es que los salarios no son algo que se pueda fijar por decreto. Si fuera tan simple, no habría político tan torpe como para no situar el SMI en 3.000 euros. El nivel de los salarios está determinado por la productividad media (cuánto produce, en promedio, cada trabajador). La razón por la cual los salarios de los distintos países europeos son tan dispares es que la productividad del trabajo es muy diferente entre unos y otros.
Cualquiera que haya trabajado en una empresa privada sabe que la productividad no puede aumentar un 8% de un día para el otro. Es difícil, incluso, hacerlo a lo largo de varios años. Cuando se desconoce esa realidad y se intenta forzar un salario mayor del que soporta la economía se produce una combinación de los siguientes hechos: los trabajadores que cobran el SMI son despedidos, suben los precios para compensar los mayores costes laborales o se reduce la inversiónpor la caída de la rentabilidad. Además, los trabajadores jóvenes sin experiencia tienen más difícil encontrar su primer empleo. Todas esas consecuencias son negativas para la actividad económica.
El consumo de los hogares lleva once trimestres seguidos creciendo, lo que no ocurría desde 2008. Aunque la recuperación es evidente, es notable el ingenio de los intervencionistas para sugerir caminos inconducentes para "reactivar el consumo". Si hacer crecer una economía fuera tan fácil como firmar un decreto, ¿por qué no lo hizo ZP en 2009 ó 2010?
Si de verdad queremos ayudar a los parados y contribuir a una economía sana, lo mejor que podríamos hacer es imitar el ejemplo de Dinamarca, Finlandia y Suecia y suprimir del SMI. Eso quitaría la discusión salarial del ámbito político (protegiendo a la sociedad de las ocurrencias de turno) y la pondría en manos exclusivas de quienes realmente entienden de qué va el tema: empresarios y trabajadores.
Diego Barceló Larran es director de Barceló & asociados(@diebarcelo)
El número medio de extranjeros afiliados a la Seguridad Social se sitúa en 1.733.626 en octubre
- La ocupación crece en tasa anual un 6,12%, la más alta en este mes desde 2007
- Los grupos de trabajadores más representativos proceden de Rumania (313.177), Marruecos (209.067), China (96.616), Italia (86.425) y Ecuador (68.583)
La cifra de trabajadores de origen extranjero afiliados a la Seguridad Social se situó en octubre en 1.733.626. En este mes la ocupación ha ascendido en un 0,38%, lo que supone 6.592 trabajadores menos.
Respecto al año pasado, el número de afiliados extranjeros aumenta un 6,12%, lo que supone 99.982 personas ocupadas más que en 2015. Este dato es el más alto registradi en un mes de octubre desde 2007.
Del total de trabajadores extranjeros que cotizan en el Sistema de la Seguridad Social, los grupos más numerosos proceden de Rumania (313.177), Marruecos (209.067), China(96.616), Italia (86.425) y Ecuador (68.583). Les siguen los que provienen de Reino Unido(62.096), Colombia (52.356), Bulgaria (55.564), y Bolivia (50.834).
Comunidades Autónomas
En términos mensuales, los mayores aumentos en el número de afiliados extranjeros se registraron en La Rioja (15,8%), Castilla y León (8,64%), Extremadura (8,37%) y Andalucía (6,6%). En cuanto a los datos interanuales, la afiliación a la Seguridad Social de extranjeros creció en todas las comunidades autónomas, salvo en Asturias (-0,58%), y Extremadura (-15,4%)
En el balance general de octubre, del total de trabajadores de origen foráneo, 998.658 proceden de países de fuera de la UE y el resto (734.968) de países comunitarios.
Por regímenes, la mayoría de los ocupados extranjeros está encuadrado en el Régimen General: 1.450.065 (concretamente este dato incluye el Sistema Especial Agrario, con 206.635 ocupados, y el de Hogar, con 190.617); le sigue el de Autónomos, con 278.787personas; el Régimen Especial del Mar, 4.568 y el Carbón, 206. Fte: M. Empleo
Más noticias
EL GOBIENO ADMITE QUE TIENE QUE SUBIR EL SALARIO MÍNIMO
El Gobierno reconoce que si la proposición de ley de Unidos Podemos para la subida del Salario Mínimo Interprofesional a 800 euros al mes, admitida a trámite el martes por el pleno del Congreso, se aprueba definitivamente no tendrá más remedio que aplicarla. No hay forma legal de pararla. Incluso, el asunto estará en la agenda de la reunión prevista para hoy del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con los agentes sociales en La Moncloa.
La ministra de Empleo, Fátima Bañez durante el pleno de control al gobierno en el Congreso
El Congreso tramitará desde esta semana la proposición de ley admitida a trámite el martes por el pleno del Congreso para subir el Salario Mínimo Interprofesional. Empezará el trámite de enmiendas y pasará por comisión, volverá al pleno y luego al Senado. Si se aprobara, el Gobierno no tendrá más remedio que aplicarla, según admiten fuentes de La Moncloa. En ese caso, sería la primera iniciativa de la oposición aprobada en contra del PP y que afecta a la política económica.
BÁÑEZ: "EN ESPAÑA NADIE COBRA POR DEBAJO DE 655 EUROS"
La ministra Báñez ha asegurado en la sesión de control al Gobierno que en España "nadie cobra por debajo del salario mínimo (655,2 euros al mes) porque sería ilegal". "Si no es así, le invito a denunciarlo", le ha contestado al diputado de IU Alberto Garzón, que le preguntaba sobre la precariedad laboral y las soluciones que tiene pensadas el Gobierno.
Báñez ha insistido en que en España un trabajador a jornada completa cobra como mínimo 655 euros "y si alguien ingresa 300 euros al mes es porque tiene ingresos tributarios, trabaja sólo algunos días al mes o tiene ingresos o rentas por esa cantidad". La responsable de Empleo ha pedido rigor para no confundir las encuestas de salarios con las encuestas de ingresos tributarios.
El Gobierno asegura que no ha podido ejercer en este caso la facultad constitucional de vetar proposiciones de ley que puedan suponer desajustes de los Presupuestos, porque la norma entraría en vigor el 1 de enero de 2018, es decir, no afecta a las cuentas en vigor, sino a las siguientes y, por tanto, esas ya deberán incluir ese aumento de gasto.
Enmiendas parciales
Una vez aprobada la norma y publicada en el BOE, el PP puede recurrirla ante el Tribunal Constitucional, pero no se suspendería su aplicación. Y el Ejecutivo no puede dejar de aplicarla porque podría encontrarse con una denuncia ante los tribunales.
La tramitación presenta aún dificultades porque debe vencer el escollo de las posiciones de los diferentes grupos que aprobaron su toma en consideración. Por ejemplo, el PSOE pedirá en enmiendas parciales mayor gradualidad en la subida y los nacionalistas e independentistas, que pueda aplicarse con diferentes índices en distintas comunidades. Precisamente el salario mínimo estará hoy entre los asuntos que tratará el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la reunión que él y la titular del Ministerio de Empleo, Fátima Báñez, mantendrán con los líderes de los sindicatos y la patronal. Fuentes de los agentes sociales apuntan que la lista de temas se completa con empleo, garantía juvenil y pensiones.
El aumento del Salario Mínimo Interprofesional hasta los 800 euros rápidamente y un incremento gradual hasta los 1.000 euros mensuales (siempre medidos en 14 pagas) es una de las demandas que las dos centrales mayoritarias han reclamado varias veces al Gobierno. La última fue hace poco más de dos semanas, en una carta fechada el 8 de noviembre de ambos secretarios generales, Ignacio Fernández Toxo (CC OO) y Pepe Álvarez (UGT), acompañada de un manifiesto que detallaba sus propuestas.
En este texto se proponían 20 “actuaciones urgentes” que los sindicatos ya expusieron a los partidos ante las elecciones del 26 de junio. Entre las propuestas, que hoy volverán a reclamar en La Moncloa, hay un plan de choque por el empleo y la derogación de la reforma laboral. También, la demanda de reformar íntegramente el sistema de protección frente al desempleo y la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular que CC OO y UGT presentaron en el Congreso para una prestación por ingresos mínimos con el aval de 700.000 firmas.
DE 1.650 EUROS EN LUXEMBURGO A 184 EN BULGARIA
En Europa hay grandes diferencias en la cuantía del salario mínimo legal. Va desde los 184 euros al mes (medidos en 14 pagas al año) de Bulgaria a los 1.648,25 euros de Luxemburgo. España (655) está a mitad de la tabla. Por encima, también está Irlanda (1.546,35 euros), Holanda (1.537,2 euros), Bélgica (1.531,93), Francia (1.466,62), Alemania (1.440), Reino Unido (1.343,01) y Eslovenia (790,73).
Ni siquiera la existencia de un salario mínimo es general. Los países nórdicos o Italia no tienen. Suele darse donde los sindicatos son fuertes, lo que hace innecesario que una ley fije el suelo salarial. Ahí son las propias centrales quienes lo consideran una intromisión en la negociación colectiva. FTE: EL PAIS
Más noticias: Un empresario de Teruel ha sido detenido por la Policía Nacional acusado de explotar a sus trabajadores. En concreto, por obligarles a hacer jornadas laborales maratonianas, de entre 12 y 13 horas de lunes a sábado, y de entre 6 y 7 horas los domingos.
Eso daba un promedio de 80 horas de trabajo semanales, que no solo duplica la jornada máxima ordinaria establecida por la legislación laboral española, sino que superaba con mucho la que constaba en los contratos de trabajo que firmaron los trabajadores con este empresario. Leer mas
Los robots amenazan dos tercios de los trabajos en países desarrollados
El incremento del uso de robots en las naciones ricas podría amenazar dos tercios de los puestos de trabajo en los países en desarrollo y facilitar una "relocalización" de fábricas a los países industrializados, según un informe de la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD).
«El aumento del uso de robots en los países desarrollados corre el riesgo de erosionar la tradicional ventaja de los países en desarrollo en materia decostos laborales», explicita el documento titulado «Los robots y laindustrialización en los países en desarrollo», distribuido hoy.
Los efectos del avance de la robótica en la fabricación podrían ser más «significativos» en los países en desarrollo porque afectarían a puestos de trabajo de baja cualificación, muchos de los cuales «ya han desaparecido» en los países desarrollados, agrega el texto, citando el Informe del Desarrollo de 2016 del Banco Mundial.
Por otro lado, el avance de la robótica también es visto como «una oportunidad» para los países en desarrollo, ya que, por ejemplo, la combinación de las impresoras tridimensionales y el uso de robots podríafacilitar la fabricación a gran escala en las pequeñas empresas.
Los robots industriales se han desplegado principalmente en las industria automovilística, eléctrica y electrónica, según la UNCTAD, lo que significa que «los países en desarrollo -como México y muchos países de Asia- que participan en actividades de exportación en estos dos sectores son los más expuestos a la relocalización».
Impuestos a los robots
El informe aconseja a los países en desarrollo que impongan impuestos a los robots y eviten la creciente desigualdad -provocada por la pérdida de empleos poco cualificados- a través de prestaciones sociales.
No obstante, la UNCTAD insta a los países en vías de desarrollo a «aceptarla revolución digital» y a «construir mercados locales y regionales»para evitar la movilización de las plantas de producción a los países industrializados.
El documento revela que la «relocalización» ocurre lentamente, aunque se limita a sectores como la industria eléctrica, electrónica y automovilística. «La deslocalización sigue teniendo lugar», admiten, «los costes laborales siguen siendo un factor en la decisión de las empresas sobre dónde ubicarla producción, especialmente de bienes con alto contenido de mano de obra».
El informe también indica que desde 2013, China ha comprado más robots industriales que cualquier otro país, y pronostica que a finales de 2016, es probable que supere a Japón como el mayor operador mundial de robots industriales. Fte Abc
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